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Bibliografía

lucysdjgs, POLITICA EDUCATIVA DE MEXICO, http://politicaeducativademex.blogspot.mx/2011/10/estado-educacion-y-sociedad-sexenio-de.html

Vargas, Miguel. 1983-2013 6 presidentes y 6 planes de desarrollo con metas similares. CNNMéxico. Agosto 30, 2013 .

http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/08/29/6-presidentes-y-6-planes-de-desarrollo-con-metas-similares

 

Ve aquí el documento íntegro del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Organización de Estados Iberoamericanos. Biblioteca Digital. 2015.  http://www.oei.es/bibliotecadigital.php

Sistemas Políticos y Educación

Análisis de la Ley Federal de Educación de 1993

La educación Superior en México

 A partir del 14 de julio de 1993 hasta nuestros días  se encuentra vigente la Ley General de Educación. En esta reforma educativa, menciona que para que la educación pueda ser integral, debe asumir plenamente la circunstancia en que se desenvuelve. Ésta le dicta imperativos que han generado el desarrollo científico mundial y los que derivan el proceso de cambio que vive el país. Recalca que la educación que reclama la sociedad del mañana está obligada a modificar el modelo académico tradicional para que al mismo tiempo que permita la formación de hábitos para el desarrollo de la personalidad, induzca en el alumno una conciencia social y haga efectivo el ideal de que cada individuo se convierta en el agente de su propio desarrollo. Para lo cual el hombre, como integrante de la sociedad, es el fin último de la educación, y por lo que el ámbito de la libertad personal es inviolable,

 Esta ley concuerda con el sentido del Artículo 3º y responde también a una sociedad como la actual, que se caracteriza por el cambio. De ahí que esta Ley señala que atenderá a las condiciones y necesidades actuales de los servicios educativos y que se propone conservar y ampliar los principios sociales, educativos y democráticos de la LFE. La iniciativa señalaba también que con la nueva ley se lograría  un avance de especial importancia en la consolidación de un nuevo sistema educativo nacional fundado en el federalismo, la participación social y la renovada vocación de todos los sectores por coadyuvar a la educación de los mexicanos.

 

 Los objetivos de la educación

 Dado que el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa Básica llamó “federalización” al proceso de descentralización que produjo, llamó la atención que la nueva ley llevara  el calificativo de “general”, en lugar del de “federal”.

 Pero por ser una ley federal, iniciativa señalaba dos razones: porque la ley contiene disposiciones que serían aplicables a los tres niveles de gobierno y, en el marco del federalismo, induciría a las legislaturas de los estados a expedir sus propias leyes en congruencia con la general, ya que tiene el carácter de ley reglamentaria del artículo 3º y su aplicación a todo el sistema educativo nacional.

 

Y de lo cual, la Ley General de Educación establece que:

 Esta ley regula la educación que imparte el Estado, así como la federación, entidades federativas y municipios, y sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la república y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. 

 Es por eso que la educación es un medio para la realización de lo público, pero requiere la concurrencia de otros factores para lograr eficacia plena. Esta  Ley General de Educación parte del derecho a la educación y lo reitera, pero dados los múltiples condicionantes que actúan sobre la función educativa, la ley define sus objetivos nacionales para orientar hacia ellos los recursos públicos y sociales, institucionales y pedagógicos.

 
Respecto al derecho a la educación, la ley dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación, y ésta se comprende como un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

 

 

Introducción

El presente blog es parte de las estrategias de aprendizaje de la materia de Políticas Educativas de la Maestría en Pedagogía, coordinados por la Doctora  María del Carmen Molina Vázquez en el plantel Niños Héroes del CESCIJUC.

Además el presente blog nos ayudará a plantear la manera en que las políticas educativas  implementadas en el sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortari en el periodo comprendido de 1993 a 1998, sus repercusiones que se tienen en la actualidad y las bases que se dejaron sentadas para las reformas que se están viviendo en el momento presente.

Desarrollo

Continuando y reforzando el cambio de rumbo comenzado por Miguel de la Madrid, las tendencias modernizadoras llegaron a un punto culminante en la presidencia de Carlos Salinas (1988-1994). El término modernización se volvió central en el discurso y en las políticas, con dos vertientes: por una parte, el distanciamiento respecto a las posturas postrevolucionarias, especialmente en la versión predominante en los sexenios de Echeverría y López Portillo, considerados populistas e ineficientes; por otra, el deseo de incorporar a México al grupo de países altamente desarrollados.

Ambas vertientes coincidían en orientar la política en dirección de la reducción del peso del Estado en la economía, incrementando en cambio el papel del mercado, coincidiendo con las tendencias de Reagan y Thatcher dominantes en la época. En el marco de las nuevas ideas sobre la sociedad del conocimiento y de la importancia de basar la competitividad no en el bajo precio de las materias primas y de la mano de obra, sino en una mayor productividad gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, la modernización del país incluía, como componente fundamental, la del sistema educativo.

 

Las políticas del Programa de Modernización de la Educación 1989-1994 aplicaban las ideas generales sobre modernización al terreno educativo en nueve capítulos, relativos a la educación básica, la formación de docentes, la educación de adultos, la capacitación para el trabajo, la educación media superior; la educación superior, el postgrado y la investigación; los sistemas abiertos, la evaluación, y los inmuebles educativos.

 

En el sexenio de Salinas se dieron avances reales: la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, nuevos planes de estudio y nuevos libros de texto, así como la nueva Ley General de Educación y las reformas del Art. 3° de la Constitución. De especial trascendencia potencial fueron los avances en la descentralización educativa: en mayo de 1992, con Ernesto Zedillo al frente de la SEP, se logró el consenso necesario para que los 31 gobernadores de los estados de la República y el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firmaran con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación.

 

Básica y Normal (ANMEB), con cuya base el gobierno federal transfirió a los estados el manejo y control de sus respectivos sistemas educativos en los niveles de educación básica y normal. Pese a estos avances, es cierto que las políticas educativas del sexenio salinista no resolvieron los viejos problemas educativos, como los de calidad y equidad; los defectos estructurales del sistema, en especial la imbricación del sindicato y las autoridades en la toma de decisiones, siguieron intactos.

 

Señalar las limitaciones de las políticas del sexenio 89-94 no implica compartir las críticas que las descalifican de manera absoluta como neoliberales; contra la idea de que se pretendía privatizar la educación, el sexenio salinista aprovechó la espectacular recuperación económica de la primera mitad de los 90 para incrementar en forma notable la cantidad de recursos públicos destinados a la educación, sobre todo mediante una importante recuperación de los salarios del magisterio.

 

El gasto público en educación llegó, en 1994, a 5.7% del PIB, frente al 3.56% de 1989 (SEP, 1996: 165).

 

En el mismo sentido, conviene recordar también que al día siguiente de la firma del Acuerdo para la Modernización, en mayo de 1992, Carlos Salinas anunció el inicio de un importante programa compensatorio, que fue seguido después por otros similares: el Programa de Apoyo al Rezago Escolar. El PARE fue financiado con recursos del Banco Mundial y estuvo dirigido a los cuatro estados más pobres del país, en una clara señal de que la descentralización no implicaba abandonar a su suerte a las entidades más pobres, y de que la modernización, criticada frecuentemente con la etiqueta de neoliberal, no era en realidad incompatible con una preocupación por la equidad, valor que en la Ley General de Educación de 1993 ocupó un lugar destacado, sin precedentes en la legislación educativa nacional.